Madrid129

Commons&Cities

Notas de la intervención de nuestra compañera Ana Méndez de Andés en el encuentro Commons&Cities que tuvo lugar en Nápoles el 17, 18 y 19 de noviembre.

Una de las hipótesis del municipalismo se basaba en que el desarrollo de una democracia radical, los procesos de apertura institucional, la redistribución de recursos y la defensa de las estructuras que permiten el desarrollo de la vida eran más factible en la escala local. Una hipótesis que a menudo hemos vinculado al desarrollo de los comunes urbanos, entendidos como procesos de articulación de comunidades ciudadanas activas en torno a modos de gestión colectivo de los recursos comunes. Una relación que se ha demostrado compleja y dificultosa, y cuya plasmación en políticas y proyectos concretos es sumamente situada y depende de las características de cada territorio que difieren grandemente de un sitio a otro.

Para empezar, porque como ya sabíamos y el ciclo de gobiernos de izquierdas en Latinoamérica nos había enseñado, tener el gobierno no significa tener el poder. En segundo lugar, porque la capacidad de implementar políticas urbanas que podríamos llamar “del común” no depende exclusivamente de una indispensable voluntad política, sino también de la relación de fuerzas del campo social y – quizás más sorprendentemente – del diseño jurídico, normativo e institucional de los espacios que deben hacerse cargo de esta implementación. Sorprente porque cuando al inicio del asalto municipalista todavía se podía tener la ilusión de que el Estado-nación había sido diseñado para el desarrollo del “bien común”, pero a estas alturas es posible afirmar que incluso a la escala local, donde se podría esperar una mayor cercanía y capacidad de contagio de lo social, las institucionales del Estado-nación funcionan bajo lógicas leviataníticas (reducción de la multiplicidad compleja a individualidades), jerárquicas (primacía del conocimiento técnico y experto), segmentadoras (anulación de los solapamientos y contagios) y binarias (incapacidad de generar situaciones intermedias y espacios mixtos). En tercer y último lugar, porque estas políticas del común no tiene sentido ni capacidad operativa si la sociedad en su conjunto no está involucrada tanto la definición de las políticas como en la construcción del campo de fuerzas y en la transformación institucional. Este campo de acción política conjunta que identificamos como municipalismo es un terreno conflictivo en el que nos encontramos con muy distintas situaciones en cuanto a la articulación del poder, la voluntad política y la capacidad operativa de la propia institución.

En este contexto, el desarrollo de políticas del común se enfrenta a muy distintos desafíos y bloqueos. Por una parte, es necesario pensar cuál podría ser el papel de la institución pública en el desarrollo de los comunes. De aquí se desprenderían tres tipos de acciones:

_ El respeto por la autonomía de los proyectos, los procesos y los espacios. Como explica la socióloga mexicana Raquel Gutiérrez, la necesidad de respetar el derecho a veto de las comunidades en sus territorios (físicos o virtuales), a decir lo que no se quiere.

_ La provisión de estructuras de soporte. Este es uno de los ejes principales de la redistribución de recursos, la necesidad de reconocer nuevos actores, y la capacidad de mirar más allá de los comunes urbanos tradicionales (centros sociales, jardines comunitarios, o bancos de tiempo), ampliar la mirada y pensar en recursos, maneras de gestión y creación de comunidades. Así, y como se discutió en la European Commons Assembly que tuvo lugar en Madrid hace unas semanas, podríamos ampliar el campo de batalla de los comunes para incluir aspectos como la salud, la alimentación, los datos (el nuevo petróleo del s. XXI) o las infraestructuras.

_ La práctica del devenir-común de lo público. Un ejercicio de transformación institucional en el que la propia institución implementa y vela por las condiciones de democracia, acceso, sostenimiento y protección de los recursos, comunidades y modos de auto-gestión.

Estos tres tipos de acciones deben, a su vez, estar anidadas de manera que el respeto a la autonomía esté presente en la provisión de las estructuras de soporte, y el reconocimiento e inclusión de los comunes en la estructura institucional provea tanto de recursos como de respeto a la autonomía.

Una vez identificadas las posibles acciones institucionales ¿Cuál podría ser el papel de los agentes sociales? ¿Qué es posible hacer alrededor, con, al lado de o frente a la institución de manera que se pueda identificar, promover y desarrollar la producción de comunidades políticas, recursos colectivos y formas de gestión comunes? Esta pregunta resuena con la reflexión de Silvia Federici en relación a la campaña del salario para el trabajo doméstico y el hecho de que una no plantea sus demandas según la “bondad” del resultado (si fuera así, deberíamos estar haciendo todo el tiempo campaña por algo tan fundamental como la paz mundial) sino que una elige sus luchas en base a la capacidad de politizar, de desvelar las capas de las que se compone el mundo y de identificar nuestra capacidad concreta de transformarlo.

Esta estrategia aplicada al desarrollo de los comunes, quizás es el momento de pensar cuál son los procesos que permitirán una mayor capacidad de trasladar la cuestión de la democracia, la accesibilidad, la sostenibilidad y la inalienabilidad de los recursos colectivos necesarios para la reproducción de la vida a una arena política lo más amplia posible. Una pregunta que se puede aplicar tanto al espacio gubernamental, como a las instituciones sociales más o menos consolidadas, como a los procesos ciudadanos más emergentes.

Comments are closed.